El Gobierno cordobés proyecta una baja de impuestos provinciales para el año 2027
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, prevé profundizar en 2027 la reducción de impuestos provinciales con bajas en el Inmobiliario Urbano, Ingresos Brutos y Automotor, según el proyecto de Presupuesto.
La iniciativa establece una disminución del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades de la provincia, mientras que el 3% restante tendrá una rebaja del 5%. El texto también mantiene exenciones y beneficios sociales para sectores vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social.
En Ingresos Brutos, la alícuota general pasará del 4,75% al 3,50%, con una reducción de 1,25 puntos porcentuales. Además, el régimen de alícuota reducida incorporará a 40.000 nuevos contribuyentes y alcanzará a 110.000 pequeños y medianos contribuyentes, equivalentes al 58% del total del tributo en la provincia.
El Gobierno cordobés estimó que la continuidad de los beneficios vigentes y las nuevas reducciones previstas permitirán que $1,5 billones permanezcan en manos de familias y sectores productivos. El Presupuesto 2027 también incluirá una reducción del 50% del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte público de pasajeros, personas con discapacidad, pacientes crónicos, taxis y unidades que prestan servicios mediante plataformas online, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa.
La Provincia impulsará además una Ley de Promoción del Comercio, orientada a extender a esa actividad los beneficios del mecanismo de Impuestos por Inversión para incentivar nuevos proyectos y generar empleo privado. En paralelo, continuará la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio, junto con los incentivos de promoción industrial y otras actividades estratégicas.
El Gobierno provincial indicó que la reducción tributaria estará acompañada por una política de contención del gasto público para preservar el equilibrio fiscal y concentrar recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales. La administración de Llaryora también prevé garantizar fondos para finalizar obras públicas en ejecución, restringir el inicio de nuevos proyectos y reducir un 40% la inversión en publicidad oficial.
Según el diagnóstico oficial, Córdoba registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales, la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo y una caída de la recaudación provincial durante más de diez meses consecutivos.

